Expulsados diez militares implicados en intimidaciones en Tierralta

El comandante del Ejército Nacional de Colombia, el general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, ha anunciado la destitución de diez militares vinculados a incidentes de intimidación en el municipio de Tierralta, Córdoba.

Estos uniformados se hicieron pasar por subversivos de las disidencias de las FARC para aterrorizar a la comunidad local. El alto mando castrense afirmó que estos individuos se apartaron de la política institucional, la doctrina militar, las leyes y el marco constitucional, y, como resultado, no podrán volver a portar armas ni desempeñar cargos de liderazgo en las fuerzas armadas colombianas.

En un anuncio que ha generado un fuerte impacto en la opinión pública, el comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, confirmó la separación de diez militares involucrados en incidentes de intimidación en el municipio de Tierralta, Córdoba. Estos uniformados, en un acto alarmante, se hicieron pasar por miembros de las disidencias de las FARC con el objetivo de aterrorizar a los habitantes de la vereda de El Manso.

El general Ospina expresó su condena a estas acciones, declarando que los militares implicados se alejaron por completo de los principios y valores fundamentales que rigen la labor de las fuerzas armadas colombianas. «Son diez los militares comprometidos, quienes se alejaron de la política institucional, los postulados del Ejército Nacional, las leyes, la doctrina, las normas y el marco constitucional, según lo que se ha podido identificar», enfatizó el alto mando castrense.

Como resultado de esta decisión, los diez militares no podrán volver a portar armas y tampoco podrán desempeñar funciones de liderazgo en las fuerzas armadas colombianas. Esta medida busca garantizar la integridad y la confianza de la comunidad en las instituciones militares.

En cuanto a las investigaciones, el general Ospina anunció que la Procuraduría General de la Nación asumirá la investigación disciplinaria sobre las conductas de los uniformados, mientras que la Justicia Penal Militar se encargará de llevar a cabo la averiguación de los responsables en relación con los delitos de abuso de autoridad.

Este caso ha generado un amplio debate sobre la conducta de las fuerzas armadas y su relación con la comunidad civil. La sociedad colombiana espera una respuesta justa y transparente por parte de las autoridades competentes en la búsqueda de la verdad y la rendición de cuentas en este asunto.